Entre los desaparecidos estaban los misioneros Eliana María Krawczyk, teniente de Navío, y el cabo Jorge Isabelino Ortiz.   

Fue el comienzo de una búsqueda desesperada que prolongaría la angustia un año, hasta que los restos de la nave aparecieron a 907 metros de profundidad, en el Atlántico Sur.  

El sumergible había sido construido a principios de la década de 1980, en el astillero alemán Thyssen Nordseewerke y contaba con 65 metros de eslora (largo), un casco de siete metros de diámetro, y estaba propulsado por cuatro motores diésel de 6.720 HP. 

El submarino había recibido una reparación de media vida, entre 2007 y 2014, en el complejo de la empresa estatal Tandanor, que incluyó más de 600 trabajos en la nave, entre ellos el replacado de sus baterías y el reemplazo de sus cuatro motores. 

Fin del mundo 

En 2016, el ARA San Juan se encontraba operativo en la base naval de Mar del Plata, desde donde navegó hacia Ushuaia, que era donde estaba en 2017 cuando recibió la orden de zarpar en una misión de patrullaje del litoral marítimo argentino.  

Zarpó el 8 de noviembre. El 14, un día antes de esfumarse de las pantallas de radar, el submarino reportó un desperfecto eléctrico y un principio de incendio en su sala de máquinas, controlados por la tripulación.  

“Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N° 3, ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barra de baterías. Baterías de proa fuera de servicio, al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal. Mantendré informado”, comunicó el comandante del buque de guerra, el capitán de fragata Pedro Martínez Fernández, a las 07,30 horas.  

Fue el último contacto. El radar ubicaba la nave a 432 kilómetros de la costa patagónica, a la altura del Golfo San Jorge. 

Los misioneros 

Con 34 años de edad, Krawczyk era la única mujer a bordo del submarino. Tenía el grado de oficial y se desempeñaba como jefa de operaciones del buque.  

Obereña, Krawczyk era estudiante de Ingeniería Industrial, hasta que se decidió por la carrera naval e ingresó la Escuela Naval Militar, con la promoción 137. 

Nacido en 1985, en Posadas, el cabo Ortíz tenía tres hermanos, y estaba casado con Griselda, con quien tenían un hijo.  

Era cabo principal y maquinista, y era parte del equipo encargado del sector eléctrico y los motores diesel del buque. Ortíz llevaba 12 años en la Armada. 

En 2019, el gobierno provincial rindió homenaje a ambos submarinistas en el predio del nuevo puerto de Posadas, en Nemesio Parma, que fue bautizado con el nombre de la teniente Krawczyk. 

En la ocasión, se inauguró un busto de la marino misionera, primera submarinista mujer en la historia naval argentina, y se entregó a la esposa e hijo del cabo principal Ortiz, la Medalla al Mérito “General Don Andrés Guacurarí y Artigas”. 

La búsqueda 

La noticia sobre la pérdida de contacto con el submarino no tardó en hacerse pública y conmocionó al país. 

El 16, horas después de confirmarse la desaparición del buque y sus marinos, el entonces ministro de Defensa Oscar Aguad reconoció la situación, y activó el protocolo SAR para la búsqueda y rescate de embarcaciones. 

El gobierno del presidente Mauricio Macri solicitó ayuda internacional y navíos de Alemania, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Noruega, Perú, Uruguay y Rusia participaron de un operativo que se desplegó en un área de más de 500.000 kilómetros cuadrados.  

En medio de la búsqueda, el 23 de noviembre, el vocero de la Armada, capitán de Fragata Enrique Balbi, informó a la prensa que la Marina de los Estados Unidos y la Organización del Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO), con sede en Viena, Austria, habían detectado “un evento anómalo, corto y consecuente con una explosión/implosión”, en la zona donde navegaba el sumergible.  

A más de una semana, las posibilidades de rescatar con vida a los 44 tripulantes del buque se esfumaban a cada segundo. El país entero contenía el aliento y oraba por la suerte de los hombres y mujeres de la Armada que iban a bordo. 

La estremecedora noticia llegó de la manera más banal, en la mesa de Mirtha Legrand. “Tengo que decirlo, están muertos”, soltó la entonces diputada nacional Elisa Carrió. A su lado estaba sentada Itatí Leguizamón, esposa de uno de los tripulantes. 

“Ellos son héroes y sé de la vocación enorme que han tenido. Ojalá que esto sirva. Me parece que decir esto es lo mejor porque así vos tenés alguien a quién ponerle una cruz, una flor”, agregó.  

Era 25 de noviembre. El 30, el Ministerio de Defensa admitió que no había posibilidades de encontrar con vida a la tripulación del submarino. Oficialmente, las tareas de rastrillaje se interrumpieron. 

El hallazgo 

Los restos del ARA San Juan fueron encontrados un año después, el 17 de noviembre de 2018. 

La búsqueda, abandonada por el gobierno el año anterior, se retomó al siguiente, producto de la presión de las familias de los marinos desaparecidos, que acamparon por 50 días en Plaza de Mayo hasta que el gobierno contrató una empresa para un nuevo rastrillaje. 

El Estado eligió a la empresa estadounidense Ocean Infinity, que movilizó hasta la zona al buque Seabed Constructor, que inició la búsqueda con familiares de la tripulación a bordo. 

El 17 de noviembre de 2018, la Armada confirmó que el Seabed había detectado al submarino a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa patagónica, a la altura de la ciudad de Comodoro Rivadavia. 

El hallazgo se produjo mediante el empleo de dispositivos submarinos y con un equipo de operación remota dotado de cámaras de alta definición. 

Los restos del ARA San Juan estaban muy cerca de la posición donde el buque oceanográfico chileno “Cabo de Hornos” había indicado que podía encontrarse, una información aportada en diciembre del año anterior. 

El buque tenía el casco “totalmente deformado, colapsado e implosionado” y sin “aberturas de consideración”, partes de la hélice enterradas y restos desperdigados en un radio de 70 metros, informó la Armada. 

El ataque inglés 

Fueron muchas las versiones que rodearon a la desaparición del ARA San Juan en aquellos días de 2017 y 2018. Se habló hasta de un ataque inglés. 

Al estar cerca de la zona de las Islas Malvinas, fuertemente militarizada por el Reino Unido luego de la guerra de 1982, se analizó la probabilidad de que el ARA San Juan haya sido torpedeado por la marina británica.  

La hipótesis se apoyaba en la idea de que el submarino argentino realizaba tareas de espionaje sobre la presencia militar inglesa, y fue atacado como represalia.  

También, se dijo que el submarino pudo haber quedado en la línea de fuego de los ejercicios militares conjuntos entre ingleses y estadounidenses. 

Otra de las hipótesis hablaba del impacto contra una mina de la época de la guerra de Malvinas; y otra, del choque con uno de los pesqueros chinos que, se asegura, operan furtivamente en esas aguas. 

El gobierno y la Armada Argentina desmintieron todas estas posibilidades. 

“No hay indicios de ataque externo ni de mina submarina que haya producido la explosión”, rezaba el parte oficial. 

Justicia 

El hundimiento del ARA San Juan desembocó en varias causas para establecer la responsabilidad política y operativa de lo ocurrido con el buque. 

En julio de 2019, la Comisión Bicameral del Congreso dictaminó “una clara responsabilidad política y administrativa” del ministro Aguad y sus funcionarios. 

Las causas judiciales judiciales comenzaron a partir de 2020, dos años después del hundimiento, con el procesamiento de seis altos oficiales: el contraalmirante Luis López Mazzeo, el capitán de Navío Claudio Villamide, el contraalmirante Luis Malchiodi, el capitán de navío Hector Alonso, el capitán de fragata Hugo Miguel Correa y el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia. 

Todos procesados por estrago doloso al haber desoído las advertencias sobre el funcionamiento defectuoso del instrumental del buque. 

En noviembre de ese año, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia le ordenó a la jueza de la causa, Marta Yañez, que ampliara la investigación a las responsabilidades que pudieron haber tenido el presidente Macri, el ministro Aguad y el entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur. 

Por esos días, el contraalmirante Enrique López Mazzeo declaró ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que la Armada conocía la ubicación del submarino en base a la información suministrada por el buque chileno “Cabo de Hornos”, lo que motivó una denuncia por encubrimiento agravado contra Macri y Aguad por parte de los familiares. 

Se inició una causa en los tribunales de Comodoro Py que fue girada al juzgado de Yañez en Caleta Olivia, donde se tramita la investigación por el hundimiento. 

A la par, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, instruyeron un Consejo de Guerra, integrado por el jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO), el general Juan Martín Paleo (Ejército), el brigadier Pedro Girardi (Fuerza Aérea) y el secretario de Estrategia y Asuntos Militares Sergio Rossi, en calidad de presidente.  

El Consejo dispuso, tras varios meses de análisis, el arresto de 45 días de Srur y la destitución del capitán de navío Claudio Villamide, exjefe del comando de submarinos. 

Srur fue hallado culpable de omitir información a Defensa, y Villamide de haber actuado con negligencia. 

Mazzeo fue sancionado con 15 días de arresto, el capitán de navío Héctor Alonso con 30 días, y el mismo castigo se le aplicó al capitán de fragata Miguel Correa.

El espionaje  

En septiembre de 2020, en las instalaciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se hallaron materiales que documentaban actividades de seguimiento y espionaje a los familiares de los marinos muertos por parte de agentes de ese organismo. 

Cristina Caamaño, interventora de la agencia, denunció el hecho ante la Justicia, y en diciembre de 2021 Martín Bava dictó el procesamiento del presidente Macri, y los jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. 

Todos fueron sobreseídos en julio pasado, por los jueces de la Cámara Federal porteña Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, con el argumento de que el espionaje se realizó a los fines de proteger al presidente.  

El busto de la teniente María Krawczyk, en el nuevo Puerto de Posadas, que lleva su nombre

Fuente: (LvM)