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El deterioro de la credibilidad libertaria y el desencanto yerbatero En la física d...

El deterioro de la credibilidad libertaria y el desencanto yerbatero

En la física del poder, la reputación no es un adorno cosmético, sino el lubricante que permite que los engranajes del Estado funcionen. Cuando un gobierno goza de credibilidad, la sociedad le concede el beneficio de la duda y lo acompaña en procesos de ajuste o reformas complejas. Pero hay un impuesto invisible que termina por quebrar hasta a las administraciones más ambiciosas: el costo reputacional. Más allá de los indicadores económicos o sociales, la pérdida de confianza actúa como un ácido que opaca cualquier logro de gestión y siempre cuesta votos.

En tiempos de posverdad acelerada por las redes sociales, la desinformación puede ser un arma política muy potente, pero tiene doble filo. Aunque Zygmunt Bauman nos explique que vivimos en una sociedad líquida en la que valores e instituciones que creíamos sólidos, como la verdad, se convirtieron en material maleable, sigue existiendo algo que llamamos realidad y que, más tarde o más temprano, se termina revelando por su propio peso.

Cuando la palabra de un gobierno se aleja sistemáticamente de la realidad que percibe la gran mayoría de sus gobernados, el valor de la palabra oficial se deteriora y cualquier otra fuente la supera en autoridad.

El caso de estudio más práctico es el INDEC de la intervención kirchnerista, que sistemáticamente subestimaba el dato de inflación con el único objetivo de ocultar una realidad que resultaba incómoda para aquel gobierno. El ardid funcionó durante algunos meses, pero luego todos se dieron cuenta de la mentira.

Como el dato oficial dejó de ser creíble, cualquier otro dato resultaba verosímil. En ese punto, esa verdad incómoda que aquel gobierno intentaba ocultar terminó magnificada.

La regla es clara: el costo de la mentira cuando es descubierta supera ampliamente al de afrontar la realidad por más incómoda que fuera.

El costo prolongado de Adorni

El gobierno de Javier Milei transita este peligroso sendero de erosión de credibilidad. A pesar de su narrativa de transparencia y combate a la opacidad de «la casta», diversos episodios recientes han dejado expuestas contradicciones profundas que afectan el corazón de su relato.

Uno de los puntos de inflexión más graves fue el Caso Libra. Lo que comenzó como la promoción de un token cripto por parte del Presidente en sus redes sociales, terminó en un escándalo judicial por presunta estafa y defraudación. Las pericias telefónicas realizadas a los desarrolladores del proyecto desmintieron la versión inicial que dio Milei, quien aseguró no haber tenido vinculación alguna y haber «copiado un código de internet». Los registros de llamadas y mensajes revelados por la justicia muestran contactos directos minutos antes de sus posteos, configurando un escenario donde la información suministrada a la ciudadanía fue, como mínimo, mendaz.

A esto se suma la situación del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El funcionario, que personificaba la austeridad del gobierno, se encuentra hoy imputado por presunto enriquecimiento ilícito. Las inconsistencias en sus declaraciones juradas —que muestran un incremento patrimonial del 76% en un solo año y un blanco justificado por prestamistas improbables—, sumadas a los escándalos por el uso de bienes públicos para viajes privados de su familia, han generado un cortocircuito moral. Cuando un gobierno que predica el «no hay plata» queda expuesto en prácticas de presunta corrupción y privilegios, la desconexión con su base electoral se vuelve inevitable.

En el mismo sentido puede entenderse el escándalo de los créditos hipotecarios a tasa subsidiada del Banco Nación a funcionarios y legisladores afines al Gobierno nacional. Mientras que las condiciones de acceso al crédito se dificultaron para empresas y particulares, los que vinieron a destruir el Estado no hacen más que beneficiarse de su pertenencia a la esfera pública.

Este divorcio irreconciliable entre la narrativa y la realidad remite inmediatamente a las fotos de “mi querida Fabiola” festejando su cumpleaños con una animada reunión social en tiempos en los que su marido Alberto imponía el distanciamiento social a un país fatigado de la pandemia.

El pésimo manejo del affaire Adorni, descubierto en una sucesión de chapucerías muy alejadas a la superioridad moral que declamaba como vocero de la revolución cultural y que luego intentó ocultar con mentiras infantiles, impidió al Gobierno nacional capitalizar dos buenas noticias.

La primera fue la virtual caída del caso YPF, el juicio más comprometedor que enfrentaba el Estado argentino en tribunales internacionales. El presidente intentó presentarlo como un mérito exclusivo de su gestión y como munición para atacar a Axel Kicillof. Forzó demasiado las interpretaciones y solo su núcleo duro compró su discurso, el resto del país siguió pendiente de Adorni.

La segunda gran noticia para Milei fue la caída en el índice de pobreza que mide el Indec. En este punto quedó patente la pérdida de credibilidad del Gobierno nacional porque el dato fue analizado con desconfianza por especialistas que siguen de cerca el impacto social de las políticas nacionales.

El director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, Agustín Salvia, puso en duda los datos de pobreza y advirtió que los números no logran expresar la realidad cotidiana de los hogares. Desde su perspectiva, el descenso registrado incluyó un componente de “ficción metodológica” que distorsionó la lectura del fenómeno.

Salvia apunta a algo que ya señalaron otros analistas: la desactualización de la canasta que se usa para medir el límite de la pobreza y la variación de precios. El Indec subestima el impacto real que los aumentos de las tarifas generan en la economía de los hogares, con lo cual consigue que los papeles muestren una inflación un poco más baja y un poder adquisitivo ficticio.

Traducción electoral

La pérdida de credibilidad se traduce rápidamente en caída de apoyo popular. De acuerdo con al menos seis encuestas realizadas en marzo, la imagen de Javier Milei cayó a su piso histórico en todo el país. Si bien los salarios bajos y la falta de trabajo siguen siendo preocupaciones centrales, la corrupción escaló posiciones hasta convertirse en uno de los principales motores del rechazo social.

El dato es revelador: incluso si un gobierno lograra estabilizar ciertas variables económicas (como la baja de la inflación mencionada por el oficialismo), la sociedad deja de «comprar» el futuro cuando deja de creer en el presente. El pesimismo sobre el rumbo del país —con un 53% de la población indicando que la situación empeora— es el resultado directo de una palabra presidencial que se ha devaluado al ritmo de las mentiras descubiertas.

Economía con freno de mano

La sombra de duda no se cierne solamente sobre la sinceridad de la retórica moralista de una administración que se presenta como el “gobierno de la ética”, sino también respecto a la capacidad de ese mismo gobierno de gestionar la economía.

El presidente que se presentó como “especialista en crecimiento con y sin dinero” está llevando al país a un proceso de destrucción de su aparato industrial que no se veía desde la crisis que llevó a De la Rua a subirse a un helicóptero.

La actividad industrial mostró en febrero una nueva caída interanual y una baja mensual desestacionalizada, según la UIA, que además advirtió que el sector sigue estancado y todavía se ubica claramente por debajo de los niveles de 2022 y 2023.

El consumo se desmorona, incluso productos “inelásticos” (que tradicionalmente no reaccionan ante crisis ni bonanzas) como la yerba mate están en pisos históricos de ventas. Alimentos fundamentales como la carne, están en sus niveles más bajos de consumo per cápita de los últimos treinta años.

El PBI crece, pero los únicos sectores que aportan a ese crecimiento son el agro de la zona núcleo, la minería, la intermediación financiera y la energía, todo lo demás se cae.

Lo que a su vez repercute en una pronunciada caída en la recaudación tributaria. Se suponía que después del esfuerzo inicial de 2024 vendría la etapa de crecimiento en trayectoria similar a la de una flatulencia de un buzo, pero con datos actualizados a marzo de 2026 estamos en condiciones de afirmar que tal promesa está lejos de cumplirse.

Un reciente informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado en base a datos de la DNAP, Presupuesto Abierto y del Indec, muestra que en el primer trimestre del año se registró una caída interanual en términos reales de 8,3% de los fondos de coparticipación.

Esto quiere decir que las provincias tienen menos plata para pagar sueldos y para cubrir los servicios básicos que brindan a su población.

De acuerdo con esta fuente, sólo en concepto de coparticipación, Misiones perdió en el primer trimestre del año más de 24 mil millones de pesos.

sólo en concepto de coparticipación, Misiones perdió en el primer trimestre del año más de 24 mil millones de pesos.

Aunque el Gobierno nacional reivindique la desaceleración inflacionaria como un logro central, la economía real no confirma, por ahora, una salida robusta. Lo que aparece, en cambio, es una combinación de ajuste, recesión y estancamiento, con efectos especialmente duros sobre las economías regionales y para las provincias productivas que miran con la ñata contra el vidrio el crecimiento de Vaca Muerta y de la minería.

El paliativo que ensayó el Gobierno de Milei para auxiliar a las provincias fue un adelanto a cuenta de fondos coparticipables: pan para hoy, hambre para mañana.

El hecho de que después de más dos años de gobierno libertario las provincias necesiten anticipos a cuenta de su propio futuro para sostener la caja corriente del día a día, es una prueba más de la precariedad del sistema.

Misiones eligió tomar distancia de ese esquema y reinterpretarlo como pago a cuenta de deudas históricas de la Nación. Esa posición no resuelve el problema estructural, pero sí deja expuesta una tensión de fondo: el ajuste nacional ordena algunas variables, pero al mismo tiempo traslada costos crecientes hacia las jurisdicciones subnacionales que deben seguir pagando salarios, sosteniendo servicios, financiando salud, educación, seguridad y obra básica en un contexto de ingresos en retroceso.

La desesperación de la chacra

La imagen del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, siendo abordado por productores yerbateros desesperados es la representación gráfica de un sistema productivo que llegó a su límite. La frase que resonó en aquel encuentro —“Milei nos ha cagado por completo”— no es solo un exabrupto nacido del enojo, sino el diagnóstico brutal de un sector que siente que las promesas de libertad de mercado se han transformado en una condena de desprotección.

El conflicto tiene un epicentro claro: la desregulación del mercado yerbatero y el desmantelamiento de las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Lo que en los despachos de Buenos Aires se defiende como la eliminación de distorsiones, en las chacras misioneras se traduce en la pérdida de un precio sostén para la hoja verde.

Sin el INYM como árbitro, el pequeño productor queda a merced de la ley del más fuerte en una cadena donde la concentración industrial dicta las reglas. El resultado es una crisis que se palpa en el deterioro del consumo local y en la angustia de pueblos enteros cuya vida gira en torno al secadero.

El escenario actual en Misiones pone de manifiesto una colisión entre un modelo nacional basado en la premisa de que el ordenamiento macroeconómico y la desregulación generarán, eventualmente, un derrame de inversión y crecimiento y, por otro lado, la estrategia del gobierno provincial con un enfoque de administración de daños.

Misiones reconoce que no tiene el poder de cambiar la macroeconomía nacional, pero no renuncia a generar paliativos con escasos recursos propios para sostener lo que el mercado ignora.

El apoyo a las acciones judiciales para devolverle los dientes al INYM, la continuidad de los programas Ahora para incentivar el consumo interno y la apuesta por el Puerto de Posadas para mejorar la competitividad logística, son manotazos de un Estado provincial que busca no ser arrastrado por la corriente de la crisis nacional.

Pero los mecanismos que puede accionar una provincia son mucho más modestos que los que podría generar la Nación. Existe un límite fiscal y político para lo que un gobierno local puede compensar.

Misiones enfrenta su propia caída de ingresos y la tensión de gestionar obras básicas con presupuestos recortados. La estrategia de amortiguar es necesaria, pero ante una macroeconomía que no ofrece señales de alivio para el interior productivo, el riesgo de que el amortiguador se rompa es real.

Si algo enseña este momento es que las provincias que mejor atraviesen la tormenta no serán las que se limiten a repetir dogmas, sino las que conserven capacidad de escuchar, intervenir y corregir. En ese terreno, Misiones ensaya una respuesta propia. Podrá discutirse su alcance. Lo que ya no puede discutirse es la magnitud del problema que tiene enfrente el país.