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Asignaciones universales y pensiones: incrementarán controles para que no cobren quienes vivan fuera del país

Auditorías revelan irregularidades

Con la resolución 918/2024, el Gobierno argentino ajusta los requisitos para mantener pensiones no contributivas y asignaciones de ANSES, reforzando el control sobre la residencia de los beneficiarios. Esta medida responde a auditorías que revelaron irregularidades significativas en las prestaciones.

El Gobierno nacional introdujo cambios en los requisitos para conservar las pensiones no contributivas y asignaciones universales gestionadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La resolución 918/2024, publicada recientemente, regula el requisito de residencia en el país para acceder a estos beneficios. Los titulares que se ausenten del país por más de 90 días corridos enfrentarán la suspensión de sus beneficios, a menos que demuestren su regreso al territorio argentino.

Controles más estrictos para garantizar la residencia

Para asegurar el cumplimiento de la normativa, se utilizará información de las bases de datos de la ANSES y la Dirección Nacional de Migraciones. Si se detecta el incumplimiento del requisito de residencia, el beneficio se suspenderá hasta que el titular pruebe nuevamente su residencia en Argentina. En casos específicos, como la bonificación por zona austral, la baja será definitiva si no se demuestra el derecho a recibirla.

Auditorías revelan irregularidades

Estas medidas forman parte de un proceso de fiscalización de las asignaciones de seguridad social, tras descubrirse irregularidades en auditorías recientes. Las investigaciones en la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata mostraron que un alto porcentaje de pensiones eran fraudulentas.

Según el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, estas irregularidades podrían representar un desvío de fondos de hasta 2.000 millones de dólares anuales. El Gobierno busca corregir las desviaciones en el sistema de pensiones y restablecer la confianza en las prestaciones sociales. La nueva normativa intenta evitar el uso indebido de fondos estatales y garantizar que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan.

Fuente: misionesonline.net

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