Cada jubilado misionero pierde $ 76.800 al mes por el veto de Milei al aumento

El impacto en cada jubilado llevado a nivel individual

El veto presidencial al aumento de las jubilaciones y al bono extraordinario de $110.000 no es solo un dato político: en Misiones significa que los 125.541 beneficiarios del sistema previsional dejan de percibir $9.638.698.711 por mes, de acuerdo con cálculos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base al Banco Central y la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

La cifra, proyectada para los próximos doce meses, asciende a más $115.664 millones y equivale a casi un tercio de todo lo que la provincia recibe por coparticipación en un mes. Es dinero que los jubilados no gastarán en alimentos, remedios ni servicios, y que el circuito económico misionero dejará de percibir en consumo.

El impacto en cada jubilado
Llevado a nivel individual, el cálculo es contundente: cada jubilado misionero pierde en promedio $76.800 mensuales por el doble efecto del veto. Por un lado, la no aplicación del aumento del 7,2% correspondiente al saldo pendiente de la inflación de enero de 2024; por otro, la no actualización del bono a $110.000, que además debía ajustarse por inflación en los meses siguientes.

El contraste es brutal si se piensa en que la mínima, sin estos incrementos, queda muy por debajo de la canasta básica del adulto mayor. El veto funciona, en los hechos, como una poda directa al ingreso de uno de los sectores más vulnerables.

Comparación con otras provincias
Si se mira el mapa, Misiones no está sola en este perjuicio. Buenos Aires, por ejemplo, acumula una pérdida mensual de $181.272 millones para sus más de 2,3 millones de jubilados. Córdoba resigna $40.218 millones, Santa Fe $37.401 millones y la Ciudad de Buenos Aires $48.246 millones.

En el NEA, Corrientes pierde $9.281 millones al mes, Chaco $8.446 millones y Formosa $3.996 millones. Misiones, con sus $9.638 millones, se ubica en la franja media, aunque lo que marca la diferencia es la densidad poblacional y el bajo nivel de ingresos promedio: en términos relativos, el golpe sobre la economía misionera es mucho más profundo que en otras jurisdicciones.

La pérdida no se queda en el plano individual. En total, el veto implica para todo el país $468.652 millones menos cada mes, lo que se traduce en una retracción directa del consumo. Para un mercado interno que ya sufre la recesión, es una señal negativa: comercios, farmacias, ferias y servicios que dependen en buena parte de los jubilados verán caer su facturación.

En provincias como Misiones, donde la actividad comercial tiene fuerte anclaje en el consumo cotidiano y en el pago al contado, el freno se hará sentir con mayor crudeza. El jubilado misionero suele destinar la mayor parte de sus haberes a productos básicos, y lo que no gasta en la provincia, sencillamente no circula.

El trasfondo político
El veto de Javier Milei generó una reacción inmediata en el Congreso y en los gobernadores. La oposición acusó al Presidente de “ajustar sobre los más débiles”, mientras que el oficialismo defendió la decisión bajo el argumento de la “disciplina fiscal” y la necesidad de sostener el superávit.

En Misiones, la medida reaviva la discusión sobre el federalismo y el reparto de recursos. 

El Gobierno provincial, que ya carga con la histórica baja participación en la coparticipación nacional, ve cómo se suma un nuevo factor de pérdida: la poda a jubilados implica menos movimiento económico, menos recaudación impositiva y más presión sobre los sistemas de salud y asistencia social. Sus legisladores nacionales, si embargo, no votaron para rechazar el veto.

El trasfondo es claro: el superávit fiscal de Milei se construye recortando transferencias, licuando salarios y ahora también congelando jubilaciones. El costo lo pagan millones de adultos mayores, entre ellos más de 125 mil misioneros que mes a mes ven achicarse su bolsillo.

El veto deja a la vista una paradoja: mientras el Gobierno celebra la “austeridad”, el mercado interno se debilita, la recesión se profundiza y los jubilados -que deberían estar protegidos- se convierten en variable de ajuste. En Misiones, los $9.600 millones mensuales menos son una cifra que no se puede maquillar: es plata que desaparece del consumo y que deja a miles de personas en la cornisa de la subsistencia.