Denuncian graves irregularidades en auditorías de pensiones en 25 de Mayo: "Nuestra principal preocupación es que la gente se atendida y se preserven sus derechos"
En la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), nuevas denuncias salpican a Misiones.
En medio del escándalo nacional por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), nuevas denuncias salpican a Misiones. Afirman que en el municipio de 25 de Mayo las auditorías de pensiones no contributivas fueron realizadas por militantes libertarios sin formación profesional, lo que derivó en constancias rechazadas por la ANSES.
El vicegobernador Lucas Romero Spinelli ya había advertido sobre las irregularidades en la provincia y calificó el procedimiento como “inadmisible”. Por ese motivo, el Gobierno provincial presentó un recurso de amparo en la Justicia Federal, señalando la existencia de sellos falsificados, firmas médicas apócrifas y auditorías realizadas en condiciones indignas.
En diálogo con Diario SOL, el secretario de Gobierno de 25 de Mayo, Sebastián Rodríguez, confirmó que el operativo también abarcó a Colonia Aurora y Alba Posse, y denunció que no existió comunicación formal con el municipio. “Las cartas documento enviaban a direcciones inexistentes y eso generó confusión y temor. Mucha gente llegó por su cuenta porque circulaba el rumor de que podían perder el beneficio”, explicó.
Rodríguez aseguró que los encargados de las auditorías eran militantes de La Libertad Avanza y relató que, al intentar presentar las constancias en ANSES Oberá, los beneficiarios fueron rechazados. “Les dijeron que no eran firmas válidas o que se trataba de fotocopias. Los primeros 15 casos que verificamos fueron rebotados. Hay vecinos que viajaron 60 o 70 kilómetros y volvieron sin respuestas”, detalló.
Asimismo, se viralizó un video en el que uno de los responsables del operativo discute con una beneficiaria tras el rechazo en la oficina de ANSES, insistiendo de manera exaltada en la validez del formulario.
“La gente queda en medio de un proceso desprolijo, sin certezas y con derechos vulnerados”, advirtió Rodríguez, quien respaldó el recurso de amparo presentado por la Provincia. “Con un sistema de salud saturado y plazos de 30 días para entregar estudios, es prácticamente imposible cumplir. Nuestra preocupación es que se atienda a los beneficiarios y que las auditorías sean serias, no una maniobra política”, concluyó.
