Denunciaron a los tuiteros preferidos de Milei por pedir sacar los tanques a la calle
Tuitearon que querían dinamitar el Congreso
En medio del debate legislativo que tuvo lugar este jueves en el Senado, mientras se trataban proyectos clave como el aumento para jubilados, la moratoria previsional y fondos para las provincias, un sector del oficialismo libertario activó su ofensiva más extrema: desde redes sociales, referentes ligados al partido de Gobierno pidieron la intervención militar y la clausura del Congreso Nacional.
La tensión escaló cuando comenzaron a circular mensajes en X (ex Twitter) que llamaban abiertamente a sacar “los tanques a la calle”, “dinamitar el Congreso” o “armar milicias populares”. Lo que encendió las alarmas institucionales fue que no se trataba de simples usuarios anónimos: los emisores de tales amenazas mantienen vínculos directos con La Libertad Avanza y, en muchos casos, funcionan como voceros extraoficiales del presidente Javier Milei.
La senadora nacional Juliana di Tullio (UxP) fue la primera en advertir la gravedad de los posteos y los denunció públicamente en plena sesión. “Este Gobierno tiene un ejército en redes sociales pagado con el dinero de jubilados, discapacitados y provincias”, señaló en el recinto. Según confirmó la legisladora a este medio, presentará formalmente su denuncia este lunes.
Mientras tanto, en Mendoza, la situación ya tomó cauce judicial. Dos abogados radicaron una denuncia penal ante la fiscalía federal a cargo de Alejandra Obregón, apuntando contra dos de los principales agitadores: Daniel Parisini (alias “Gordo Dan”) y Franco Iván Jeremías Antunes Puchol (“Fran Fijap”). La presentación los acusa de intimidación pública, instigación a cometer delitos y apología del crimen.
Mediante las fuentes consultadas, Diario SOL pudo confirmar que el escrito judicial hace foco en el vínculo directo entre los denunciados y el Gobierno nacional. Se solicitó a la Jefatura de Gabinete que informe si los implicados reciben o han recibido fondos estatales, lo que podría configurar un uso de recursos públicos para promover violencia institucional.
Uno de los episodios más virales del jueves fue protagonizado por Parisini, quien publicó mensajes como “Los tanques a la calle ya” y luego compartió una edición de Milei disparando desde un tanque sobre el Congreso. A modo de burla, horas más tarde subió una foto de tanques de agua para minimizar el repudio generalizado.
Las expresiones no son nuevas. En noviembre pasado, durante un acto en San Miguel, Parisini y otros militantes se definieron como el “brazo armado” del Gobierno. Cuando la polémica escaló, el legislador libertario Agustín Romo intentó desactivar la polémica afirmando que “el único brazo” que empuñan “es el celular”.
Desde organismos de derechos humanos, como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), advirtieron sobre el doble estándar judicial. “Si expresiones de este calibre no constituyen delito, ¿qué lo sería?”, se preguntó Eduardo Tavani, su presidente. A su vez, la dirigente del FIT Myriam Bregman denunció una clara impunidad: “Esta gente sabe que maneja el poder del Estado y dice lo que quiere sin consecuencias”.
En paralelo, el Gobierno intentó instalar la idea de que lo que se vivía en el Senado era un intento de “golpe institucional”, narrativa que fue empujada desde las cuentas oficiales de la ministra Patricia Bullrich y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Es la segunda vez que el Ejecutivo impulsa esta acusación: la anterior fue durante la protesta contra la Ley Bases, en junio del año pasado.
Según advirtieron constitucionalistas como Andrés Gil Domínguez, las expresiones difundidas por estos actores oficiales “violan el artículo 36 de la Constitución Nacional”, al instigar contra el orden democrático y las instituciones republicanas.
