Se denunciaron dos nuevos robos de madera en áreas naturales protegidas (ANP) de Misiones, situación que pone la mira sobre las tareas de protección de la gestión del ministro de Ecología, Martín Recamán y sus predecesores, sobre todo después de que los guardaparques hayan denunciado que no cuentan con recursos humanos ni equipamiento necesario para combatir la tala ilegal y la caza furtiva.

Uno de ellos ocurrió en la Reserva de Biosfera Yabotí, en una propiedad privada de 10 mil hectáreas lindante con el Parque Provincial Esmeralda, en el municipio de San Pedro, y fue denunciado por el propietario que tiene domicilio en Eldorado, según contaron fuentes de Ecología a PRIMERA EDICIÓN. Y el otro, nada menos que en el Parque Provincial Urugua-í, que se halla entre las localidades de Puerto Libertad, Comandante Andresito, San Antonio, y Bernardo de Irigoyen, contiguo al sector sudeste del parque nacional Iguazú.

Con esto serían tres graves robos de madera en lo que va de enero de 2025. El primero fue dentro del Parque Provincial Piñalito y por esa causa detuvieron a un maderero en el marco de la investigación pero ya fue liberado. Se llevaron más de 80 rollos de gran porte, valuados en más de $100 millones y todavía estarían libres otros involucrados que ya son conocidos en el ambiente de la tala ilegal y se comenta que tendrían vínculos con la Policía Ambiental de la zona.

Al sumar tres hechos en pocos días se desmorona la teoría de Ecología de que el primer caso fue “un hecho aislado”. Sobre todo con las declaraciones de los madereros que trabajan “legalmente” en esa zona, que afirman tener cada vez más competencia desleal de los que trabajan con madera robada, no pagan guías y ofrecen mercadería más barata.

En la Reserva Yabotí
Pese a que el robo cerca del Parque Esmeralda ocurrió en una reserva privada, también le corresponde a Ecología la custodia del patrimonio ambiental, sobre todo teniendo en cuenta la ubicación: la Reserva de Biósfera Yabotí, el corazón de más alto valor ecológico y de conservación.

Es una área natural conformada por reservas privadas de grandes dimensiones, de 3.000 hectáreas como mínimo cada una, y los parques provinciales Moconá y Esmeralda. Es el pulmón verde de Misiones, creado por ley en los años 90, donde se combinan zonas rojas de máxima conservación y prohibida extracción de madera y zonas amarillas donde se permite hacer una extracción selectiva.

El convenio de creación de la Biosfera hace referencia a la ley 3.041, ahora ley XVI N° 33, que declara “reserva natural” a las tierras que integran la Reserva de Biosfera Yabotí, sean privadas o estatales, las cuales quedaron sujetas a las normativas de las Áreas Naturales Protegidas.

Pero además, trascendió que los ladrones de madera incluso ingresaron al Parque Esmeralda, que también habría sido afectado con la pérdida de algunos ejemplares de gran dimensión. Sin embargo, el Ministerio hizo trascender ayer que no hubo ingreso de ladrones al Parque. Lo curioso es que “los funcionarios enviados por el Ministerio desde Posadas todavía no hicieron la constatación en el área porque trascendió que fueron el sábado pero no eligieron el camino correcto y no pudieron ingresar. Quiere decir que descartaron el robo al Parque sin haber constatado”, informó ayer un funcionario a este Diario.

Los propietarios que residen en Eldorado denunciaron este  robo luego de detectar un desmonte mediante imágenes satelitales corroboradas por sus técnicos al notar grandes manchas vacías donde antes había frondosa vegetación y arboleda. Instaron al Ministerio de Ecología a que constate el delito, cosa que intentaron hacer el sábado pero recién llegarían mañana miércoles.

En el Parque Urugua-í
El otro robo de madera confirmado ayer ocurrió en el Parque Urugua-í, un área de 84 mil hectáreas catalogada como zona roja, de más alto grado de conservación. La mayor parte del Parque aproximadamente 54.000 ha. se encuentra en el municipio de San Antonio, departamento General Manuel Belgrano, pero incluye también un sector del departamento Iguazú. Su finalidad es proteger el ecosistema de la cuenca del arroyo Urugua-í, y contrarrestar los efectos negativos de la represa de Urugua-í, ubicada aguas abajo del curso de agua. Es una de las áreas importantes para la conservación de las aves de Argentina.

Según informaron a PRIMERA EDICIÓN, el daño ambiental se produjo sobre la ruta 19, cerca de un viejo obrador de la empresa Compañía Misionera. 

Trascendió que hubo casi 40 rollos cortados de gran valor comercial y que se encontraban algunos Palo Rosa (monumento natural protegido por ley), además de Incienso, Grapia y Anchico. Algunos con diámetro de 170 centímetros, lo cual demuestra que eran árboles de muchos años de antigüedad. 

Sin embargo, el Ministerio desmintió que la especie monumento natural se encuentre entre las dañadas. Según el informe técnico, parte de los troncos extraídos estaban localizados en una zona lindante y algunas dentro del predio. “Se verificó que estos troncos estaban vinculados a los lugares de extracción dentro del Parque”, indicó Recamán.

El Ministerio informó ayer en un medio local que “este operativo permitió constatar la veracidad del hecho y se logró identificar más de 22 especies arbóreas extraídas que derivó en una denuncia formal”.

“La presencia de la policía fue crucial para garantizar la seguridad durante el operativo, especialmente al tratarse de zonas lindantes con propiedades privadas”, sostuvo el Ministro quien detalló que, durante la inspección, se halló un raleo selectivo de especies arbóreas en el parque, una situación diferente a la registrada en Piñalito, donde se había detectado una extracción masiva de monte nativo”, indicó el funcionario.

El patrimonio más valioso
La situación, como en otros casos, demuestra una severa incapacidad del Estado de cuidar la selva paranaense, el patrimonio más valioso y el único que diferencia a Misiones del resto del país.

Varios guardaparques que fueron consultados por PRIMERA EDICIÓN explicaron que desde hace tiempo no cuentan con recursos para realizar patrullajes: no tienen vehículos (camionetas ni motos), no tienen combustible ni sistemas de comunicación entre parques.

Una situación similar ocurre en el área de control forestal, donde hasta el año pasado se realizaban tareas de investigación en el monte, para detectar a los deforestadores “in situ” cometiendo el ilícito. Pero desde que asumió la nueva gestión, solamente se realizan controles sobre la ruta o en las ciudades, a los camiones que están circulando a plena luz del día, para revisar si cumplen con los requisitos de transporte y documentación.

Lo llamativo es que, justamente, los que roban madera utilizan la noche y los caminos alternativos para escabullirse, y casi nunca se los va a encontrar utilizando las vías de transporte que usan los madereros que trabajan legalmente y movilizan su madera sin discreción.

Fuente: PRIMERA EDICION