El comercio ilegal ya equivale al 5% del PIB y golpea a la industria formal

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El contrabando y la comercialización de productos fuera de los circuitos legales ganan peso en la economía argentina. Empresarios, funcionarios y especialistas advirtieron por el impacto sobre la recaudación, el empleo registrado, la competitividad industrial y la seguridad.

El comercio ilegal continúa ganando terreno en la Argentina y ya representa el equivalente al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con estimaciones presentadas durante el V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito.

El dato, basado en un informe de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), refleja el fuerte impacto que tiene el contrabando sobre la economía formal. Además de reducir la recaudación tributaria, genera competencia desleal, perjudica a las empresas que operan dentro de la legalidad y fortalece circuitos utilizados por organizaciones vinculadas al crimen organizado.

Entre los rubros más afectados se encuentra el mercado de teléfonos celulares. Según se expuso durante el encuentro, uno de cada tres equipos que circulan en el país habría ingresado por canales ilegales, lo que representa alrededor de tres millones de dispositivos al año. La problemática también alcanza al sector tabacalero, donde los cigarrillos continúan siendo el producto legal más contrabandeado de América Latina.

Funcionarios nacionales y representantes del sector privado coincidieron en que combatir este fenómeno sigue siendo un desafío debido a la extensión de las fronteras argentinas y a la dificultad para fiscalizar miles de comercios en todo el país. En ese sentido, remarcaron la necesidad de modernizar los sistemas de control, fortalecer la coordinación entre organismos y avanzar en medidas que permitan frenar el crecimiento del comercio ilegal sin afectar la actividad formal.

Además del perjuicio económico, advirtieron que muchos de los productos que ingresan por vías irregulares carecen de controles de calidad, trazabilidad y garantías, lo que también representa un riesgo para los consumidores.