El Gobierno disolvió el Fondo Nacional del Manejo del Fuego

La reciente decisión, publicada en la madrugada de este martes

El Gobierno nacional dispuso la disolución de tres fondos fiduciarios públicos mediante el Decreto 463/2025, emitido a través de Boletín Oficial. Al igual que en ocasiones anteriores, la normativa argumentó la medida sobre irregularidades detectadas en la administración de los mismos.

La reciente decisión, publicada en la madrugada de este martes, alcanza al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), también al Fideicomiso Financiero y de Administración para el Fondo Nacional del Manejo del Fuego y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) —antes denominado FONDEAR—.

Estos cambios se conocen en el marco de una serie de modificaciones a la estructura del Estado, que ya habían sido adelantados por el Gobierno. De hecho, en la tarde del lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el cierre de la Dirección de Vialidad Nacional. Para avanzar con los últimos cambios, el Poder Ejecutivo acudió a la aplicación de la Ley 27.742, que lo faculta de poder modificar, transformar o liquidar fondos fiduciarios públicos según condiciones legales y administrativas “de conformidad con las reglas que allí se establecen y las que surjan de sus normas de creación, instrumentos constitutivos u otra disposición aplicable”.

La batería de medidas se debe al fin de las facultades delegadas que otorgó el Congreso de la Nación al Ejecutivo, por lo que la administración aprovechó para avanzar en sus últimas reformas antes de que termine el plazo establecido.

Respecto al Fondo Nacional del Manejo del Fuego, el informe reveló numerosas irregularidades. Entre las más significativas, la auditoría reportó la contratación de al menos 62 personas durante el 2023 de las cuales “no pudo constatarse el cumplimiento de los entregables establecidos en las condiciones de contratación“.

A su vez, indicaron “demoras en los procesos de contratación para la compra de autobombas, falta de respaldo documental de los oferentes y modificaciones unilaterales a las especificaciones técnicas con posterioridad a la adjudicación de las contrataciones, a la vez que existen dificultades para establecer la integridad de pagos efectuados por contrataciones de servicios aéreos”.