El “milagro” de Cacho Barbaro: de cobrar pensión por invalidez a diputada electa
Un nuevo escándalo sacude al Partido Agrario y Social (PAyS) y compromete directamente a su líder, Héctor “Cacho” Bárbaro.
Un nuevo escándalo sacude al Partido Agrario y Social (PAyS) y compromete directamente a su líder, Héctor “Cacho” Bárbaro. Patricia Goring, hija del intendente de Colonia Aurora, Carlos “Cali” Goring —quien es uno de los principales delfines políticos de Bárbaro— aparecería registrada como beneficiaria de una pensión por discapacidad, mientras que su madre, Elisa Goring —diputada provincial electa y esposa del intendente— también habría percibido un beneficio por invalidez hasta marzo de este año, cuando, según trascendidos, se desempeñaba en el municipio.
El caso no solo dejaría al descubierto un entramado familiar sostenido con beneficios sociales, sino que también pondría en evidencia un patrón repetido dentro del armado político de Bárbaro. La situación abriría un interrogante inevitable: ¿cómo sería posible que dirigentes que hoy ocupan bancas legislativas hayan cobrado durante años un beneficio destinado a personas con verdaderas discapacidades?
Lo que se observaría es un patrón claro: clientelismo, acomodos políticos y un entramado de beneficios que se habrían gestionado en las oficinas que Cacho Bárbaro habría sabido manejar en Nación. Pensiones, planes sociales y ayudas que terminarían en manos de familiares, allegados y militantes, mientras miles de ciudadanos esperarían durante meses o incluso años para obtener un beneficio legítimo.
Cali Goring, operador territorial clave de Bárbaro, habría utilizado su cercanía con el líder del PAyS para garantizar privilegios a su círculo más cercano, consolidando un esquema que favorecería a familiares y allegados mientras miles de familias con hijos discapacitados esperarían por un derecho que nunca llegaría.
El discurso del PAyS hablaría de moral, compromiso social y militancia, pero los hechos exhibidos en este caso podrían mostrar otra cara: corrupción maquillada de justicia social y utilización de la pobreza para obtener rédito político.
El caso Goring evidenciaría cómo el aparato político del PAyS habría operado como un circuito de acomodos y clientelismo, donde las pensiones y ayudas sociales se convertirían en herramientas para consolidar la fidelidad interna en lugar de garantizar derechos reales.
Mientras tanto, el contraste entre el relato de honestidad y compromiso social del PAyS y las presuntas prácticas de sus principales dirigentes expondría el momento más crítico de la conducción de Cacho Bárbaro en Misiones y dejaría en evidencia un modus operandi que se repetiría: privilegios para los de adentro, abandono para quienes más lo necesitarían.
