Huellas y heridas en Misiones a 50 años del golpe

El próximo martes 24 se cumplen 50 años del inicio de aquel período oscuro que debió transitar la Argentina, incluida Misiones.

“Parece que te van a ir a buscar, hubo un golpe de Estado”. Así fue la advertencia que le hicieron en Montecarlo a Nuria Allou, la entonces joven dirigente estudiantil de 16 años, que nunca supo dimensionar lo que vendría. Tampoco ningún argentino imaginaría que comenzaba un régimen de terror tras aquel golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Ese día derrocaron al gobierno de Isabel Perón e instauraron en el país una cruel dictadura cívico-militar con sistemática violación de los derechos humanos. La responsabilidad principal del quiebre institucional recae, para la mayoría, en las juntas militares encabezadas por Jorge Rafael Videla, militar y primer ex presidente de facto, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti. En dicho período se produjeron miles de asesinatos, torturas, secuestros, detenciones y desapariciones, bajo la denominación del “proceso de reorganización nacional” en la que los derechos humanos fueron anulados. Fueron siete años de censura, persecución y terror, el régimen militar dejó 30 mil desaparecidos en todo el país.

Massera junto al primer presidente de facto, el general Videla, y a Agosti. Se produjeron en esa época miles de asesinatos, torturas, secuestros, detenciones y desapariciones de personas.

 

El próximo martes 24 se cumplen 50 años del inicio de aquel período oscuro que debió transitar la Argentina, incluida Misiones.

 Como primera medida aplicada en la provincia, el gobernador Miguel Ángel Alterach fue depuesto y reemplazado por el coronel Juan Antonio Beltrametti, primer interventor de la dictadura. Pero el trabajo sucio y la gran carga de responsabilidad de la represión militar en la provincia la tendría -tras asumir el 23 de abril del mismo año- el capitán de navío René Buteler en la intervención provincial, teniendo un rol central en el desarrollo del aparato represivo en el territorio misionero.

La represión en Misiones se centró en el movimiento agrario y sus aliados políticos, especialmente la Juventud Peronista (JP) y la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), historias que aquí se repasan.

Se conocería en forma posterior que la mitad de la primera comisión directiva del Movimiento Agrario de Misiones (MAM), por ser una organización social, sufrió grave persecución durante en ese período.

Por tal razón el MAM, entidad representativa de las luchas agrarias en la provincia de Misiones desde 1971, y Amelia Báez, presa política y de amplia trayectoria, recibirán reconocimientos de parte de los integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Misiones y de la Cátedra Libre de Pensamiento Político y Derechos Humanos (Unam). En la decisión de instituir una distinción anual, invocan a figuras señeras como la hermana Ivonne Pierron y del doctor Leopoldo López Forastier.

Datos oficiales dan cuenta de que durante ese período oscuro de la historia argentina se registraron 60 personas desaparecidas en la provincia y cuatro misioneros asesinados en la Masacre de Margarita Belén. La mayoría de los secuestros se produjo entre los meses de marzo y octubre de 1976.

En total en la provincia, alrededor de 600 personas fueron detenidas por motivos políticos, algunas de las cuales permanecieron privadas de su libertad hasta el restablecimiento del orden democrático. Ellos fueron parte del plan sistemático de secuestros, torturas y desapariciones forzadas, en cientos de centros clandestinos de detención -como la Esma a nivel nacional-. En Misiones, el principal centro clandestino de detención fue la Jefatura de Policía de Posadas, donde se realizaban las primeras detenciones y torturas. Las víctimas eran trasladadas a centros de tortura como la “casita de Mártires” o la “casita del Rowing”.

Con datos extraídos de los juicios de lesa humanidad realizados en Misiones, se indica que otro centro importante fue el Regimiento de Infantería 30 de Apóstoles, desde donde se organizó el operativo Toba en octubre de 1976 para capturar a miembros del MAM y las Ligas Agrarias. Muchos detenidos fueron alojados en la cárcel de Candelaria o la Unidad Federal N° 7 de Resistencia o, como se terminó marcando en forma reciente, el Escuadrón 10 de Eldorado como otro centro de detención en la provincia.

En Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua remarcó la necesidad de mantener viva la memoria histórica sobre los hechos ocurridos durante la última dictadura. Fue al decretar asueto para el martes 24 de marzo en todo el territorio provincial, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Los argentinos identifican aquella época “como un período de violaciones a los derechos humanos, crisis económica y falta de libertades (70%), y también un consenso importante en torno a la necesidad de mantener viva esa memoria (73%)”, sostiene el trabajo de Zuban Córdoba difundido esta semana.

Sobre el modelo de gobierno basado en la democracia, “un 66,6% sigue sosteniendo que ésta es preferible a cualquier otra forma de gobierno”, añade el trabajo dirigido por el magister Gustavo Córdoba, quien desarrolla el contenido de ese trabajo, en este informe especial del diario El Territorio.

El observatorio Pulsar UBA y el Cels, como resultado de la investigación, dan cuenta de que “el 71%  de los consultados considera que el gobierno militar fue malo o muy malo. El 63% afirma que no hubo motivos que justificaran el golpe de Estado de 1976.

El informe citado muestra que la mayoría tiene una visión negativa sobre la dictadura militar (71%) y considera que los juicios deben continuar (70%).

Ahora, más de 500 detenidos

Un relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad señala que actualmente hay 504 personas detenidas por estos crímenes, de las cuales 425 se encuentran en prisión domiciliaria.

De las restantes, 61 están alojadas en la Unidad Penitenciaria N° 34, que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo, y 18 en diferentes establecimientos carcelarios. En este contexto, 1.582 personas investigadas permanecen en libertad.

Tribunales de todo el país, según el mismo informe, dictaron 361 sentencias en causas por crímenes de lesa humanidad, en las que condenaron a 1.231 personas y absolvieron a 250 desde la reapertura de los juicios en 2006.

En marco del 50° aniversario del golpe de Estado, dieron a conocer que hay 12 juicios en curso.