Jubilados argentinos:

$468 mil millones menos cada mes por el veto presidencial

El veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria, que buscaba recomponer los haberes de millones de jubilados, tendrá un costo millonario para este sector. Según un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la decisión del Ejecutivo implica una pérdida agregada de $468 mil millones mensuales para el conjunto de jubilados del país. Esta cifra se eleva a $5,6 billones proyectados para los próximos 12 meses.

El informe, basado en proyecciones del Banco Central (BCRA) y datos de la ANSeS, subraya que la pérdida afecta a los más de 6,1 millones de beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El cálculo surge de la no actualización del bono que debía elevarse a $110.000 y, posteriormente, ajustarse por inflación, además de la no aplicación de la recomposición del 7,2% correspondiente al saldo pendiente de la inflación de enero de 2024.

La decisión de no aplicar estos aumentos, sostiene el estudio, no solo impacta directamente en el poder adquisitivo de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, sino que también genera un efecto negativo en la economía. La pérdida de ingresos se traduce en una menor capacidad de consumo, lo que podría disminuir la actividad económica general, afectando a distintos comercios y servicios.

El análisis también desglosa el impacto por jurisdicción, mostrando cómo la pérdida se distribuye a lo largo del territorio nacional. La provincia de Buenos Aires es la más afectada, con una pérdida mensual estimada en más de $181 mil millones, dado que concentra la mayor cantidad de beneficiarios. Le siguen CABA con más de $48 mil millones, y Córdoba, con una caída de más de $40 mil millones mensuales en la masa de jubilaciones.

El debate sobre la movilidad jubilatoria y la sostenibilidad del sistema previsional sigue siendo un punto central de la agenda política y económica de Argentina. Mientras el gobierno defiende su veto como una medida necesaria para el equilibrio fiscal, los defensores de la ley insisten en que los jubilados no deberían ser la variable de ajuste de la economía, dada la continua pérdida de poder de compra que han sufrido en los últimos años.