Passalacqua denunció ante la Corte que las auditorías de la ANDIS tienen "notorias irregularidades"

Hugo Passalacqua intervino en defensa de las personas con discapacidad.

El gobernador Hugo Passalacqua hizo público este miércoles su decisión de presentar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso de amparo para que los misioneros que perdieron sus pensiones por discapacidad las recuperaran, debido a que en las auditorías se registran "notorias irregularidades". 

El Mandatario trabajó la presentación en silencio hasta que instruyó la decisión al Fiscal de Estado, Fidel Duarte, a avanzar ante el máximo órgano de justicia argentino, que es el único que puede mediar en litigios entre la Provincia y la Nación. Por lo que es el único camino para asegurar rapidez, eficacia y un alcance generalizado a todos los damnificados en la tierra colorada. En esto último radica la decisión de Passalacqua de ir directo a la Corte con el tema.

La decisión del Gobernador llega en momentos en que en Misiones las auditorías organizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) están siendo un escándalo de alcance nacional por las irregularidades y la falta de empatía con las que se está desarrollando. Entre las denuncias públicas, recién ahora suscritas ante la Corte, aparecen falsificaciones de firmas, espacios no adecuados para la atención de los beneficiarios o avisos que nunca fueron entregados a quienes debían presentarse. 

Todo esto mientras el escándalo por los audios filtrados del ex titular del Andis, Diego Spagnolo, exponen la posible existencia de una red de coimas en la compra de insumos del organismo. Esto, dejando la sensación que mientras se le recorta beneficios a personas vulnerables, por otro lado, habría quienes con el mismo organismos que recorta se están llenando los bolsillos. 

Es así que para evitar caer simplemente en una más de las mediatizaciones del tema el gobernador Passalacqua decidió trabajar en una demanda con sólidos argumentos y pruebas concluyentes, para pedir directamente a la Corte Suprema de Justicia que exija al Estado Nacional la restitución de los beneficios recortados. 

Los pedidos

La presentación incluye dos niveles de medidas solicitadas. Unas de fondo y otras de cumplimiento inmediato. En lo que refiere a la situación de fondo la presentación solicita que se ordene "el inmediato restablecimiento del pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y demás beneficios conexos que han sido ilegítimamente suspendidos a partir del mes de marzo de 2025 en el ámbito de la provincia de Misiones"; también que "se disponga el pago de los retroactivos adeudados a los beneficiarios"; además que "se declare la nulidad de las auditorías y procedimientos irregulares implementados por las demandadas a partir del mes de marzo de 2025 en el territorio de la Provincia de Misiones por vulnerar derechos constitucionales y convencionales"; y por último que "se adopten medidas urgentes para garantizar la continuidad de las prestaciones, la transparencia del proceso y el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad".

Pero la petición indica además que mientras la Corte analiza la situación, se disponga que "se restablezca inmediatamente el pago de las pensiones suspendidas en el marco de las auditorías cuestionadas en el ámbito de la Provincia de Misiones"; que se "garantice un proceso de auditoría transparente, profesional y accesible para las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad"; y que "se abstenga de suspender nuevos beneficios hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en este amparo".

Las irregularidades

En su presentación Passalacqua resaltó que en la tierra colorada se cometieron "notorias irregularidades" con el solo objetivo de sacarle las pensiones a las personas más vulnerables de la sociedad, los discapacitados.

Entre otras cosas se enumera la falta de notificación previa a las instituciones donde se realizan auditorías, generando desorganización; una serie de criterios arbitrarios y dispares aplicados por médicos auditores, sin marco legal alguno. 

También se registró destrato institucional hacia organismos provinciales y municipales; una falta total de humanización en el trato hacia beneficiarios, obligándolos a recorrer largos trayectos para poder realizar la auditoría. Y también cartas documento no entregadas pero consideradas como notificadas. 

Y como si todo esto fuera poco, se conoció a través de denuncias periodísticas que, en las auditorías, los designados por el gobierno nacional para hacerlas usaron el sello falsificado de un médico de la localidad bonaerense de Pergamino. Se trata del cardiólogo Leandro Peñaloza, quien denunció que utilizaron su firma para renovar pensiones por discapacidad en San Ignacio. 

"Estas irregularidades han derivado en la suspensión ilegítima de pensiones y beneficios vitales, afectando directamente la salud, alimentación y dignidad de beneficiarios y sus familias", afirma el escrito que presentó el Fiscal de Estado, Fidel Duarte, a instancias del pedido del Gobernador.

No obstante, el Gobernador reconoce que "la auditoría de beneficios constituye una herramienta legítima y necesaria para garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos", pero aclara que "dichos procesos no pueden ni deben llevarse a cabo mediante modalidades que vulneren los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y/o aquellas susceptibles de ser beneficiadas con una pensión no contributiva, omitiendo así, los ajustes razonables que exige su participación efectiva".