Pensiones por discapacidad:
Mientras Misiones sostiene los amparos, la Andis promete restituirlas en diciembre, pero no fija fechas
Según Tatiana Antúnez, presidente del Coprodis, tras el escándalo por auditorías irregulares, la Justicia Federal ratificó medidas cautelares para restituir pensiones dadas de baja y aplicó una multa a la Andis por incumplir una orden judicial. Misiones impulsa amparos individuales y colectivos mientras el organismo nacional promete pagos en diciembre sin un cronograma definido.
La responsable del Consejo Provincial de Discapacidad (Copodis) Tatiana Antunez, detalló el estado de las medidas judiciales iniciadas por Misiones y por familias afectadas para revertir las bajas de pensiones no contributivas realizadas durante auditorías que, según fallos recientes, presentaron irregularidades en su ejecución y en los procedimientos utilizados por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Antunez recordó que “cuando sucedió todo esto, en medio del escándalo por las auditorías y demás, desde el Gobierno de la provincia, tanto el gobernador como el vicegobernador, deciden iniciar una acción de amparo para proteger los derechos de todas las personas que estaban viviendo esta situación en ese momento”.
Explicó que se impulsaron dos vías: una colectiva, presentada por Fiscalía de Estado ante la Corte Suprema de Justicia y otras particulares, para quienes urgían resoluciones más inmediatas.
Mientras el máximo tribunal aún no definió sobre el amparo colectivo, los casos individuales avanzaron con una medida cautelar ya ratificada por la Justicia Federal.
La funcionaria confirmó que inicialmente trabajaron sobre cuatro casos urgentes. “Se dictaminó una medida cautelar, la cual hace una semana aproximadamente la Justicia Federal ratificó, obviamente con el objetivo de proteger los derechos de estas personas”.
En paralelo, recordó que en diversas provincias surgieron amparos similares y que un fallo colectivo del Juzgado Federal de Catamarca amplió la cobertura a todo el país.
Antunez sostuvo que, pese a las apelaciones, la Andis está obligada a cumplir la orden judicial. “Ellos tienen la obligación de cumplir con esta orden de aplicar la medida cautelar y restituir las pensiones”.
Según informó, el organismo nacional comunicó que podría realizar la restitución de los haberes suspendidos en diciembre, aunque no definió un cronograma de pago ni un plan formal de auditorías.
Multa judicial por incumplimiento
En Misiones, los cuatro casos particulares ya cuentan con una resolución clara a favor de la restitución inmediata. Sin embargo, la funcionaria advirtió que el organismo nacional no cumplió con el mandato judicial.
“Deberían haberse restituido estas pensiones, como la Andis aún no lo hizo, nosotros intimamos a la Andis, y lo que hizo el Juzgado Federal en estos días también es aplicar una multa por no haber cumplido con una orden judicial”, afirmó.
La multa, explicó, apunta a garantizar la ejecución efectiva de la cautelar y podría extenderse a otros beneficiarios incluidos en el amparo colectivo.
Auditorías irregulares y necesidad de rehacer el proceso
La responsable del Consejo Provincial de Discapacidad reiteró que las auditorías nacionales estuvieron atravesadas por irregularidades, desde el procedimiento hasta la notificación a los beneficiarios.
“Las auditorías se realizaron en un contexto irregular, cuando hubieron hechos de corrupción en medio de toda la gestión. La Andis no cumplía el debido proceso y las bajas se dieron en su mayoría de forma irregular porque eran aplicadas a personas a las que no les había llegado la carta documento”, remarcó.
La medida cautelar nacional habilita la restitución de pensiones hasta que se realicen nuevas auditorías correctas. “Lo que se establece es que las personas puedan acceder a auditorías bien hechas, como corresponde, para que quienes sí tengan el derecho a cobrar puedan hacerlo”, dijo.
Relación con la nueva intervención de la ANDIS
Consultada sobre el vínculo institucional, Antunez confirmó que hubo encuentros formales, aunque con señales preocupantes. “Tuvimos varios encuentros con el interventor, pero la postura de la Agencia Nacional en cuanto a estas situaciones es del desconocimiento mismo de que todo sucedió”, afirmó.
Añadió que la nueva conducción atribuye los errores a la administración anterior, aunque, de acuerdo con la funcionaria, evitar la revisión de lo ocurrido implica riesgos.
“La Agencia Nacional debería tomar otra postura de mayor responsabilidad, dado que es el mismo organismo el que organiza las auditorías y el que paga las pensiones”, consideró.
Advirtió además que los episodios investigados incluyen delitos penales vinculados a la contratación del servicio tercerizado que ejecutó las auditorías: “Los delitos fueron cometidos por la institución misma, que fue la que contrató a este servicio y es quien debería controlar todo este proceso”.
Antunez recordó que las consultas en Misiones se atienden en la oficina ubicada en avenida Santa Catalina 1778, frente al Palacio de Justicia, en Posadas. El teléfono de contacto es 3764 739338.
