Se cayeron los artículos para que jueces y empleados judiciales paguen Ganancias y no se pudo avanzar con el artículo que habilita modificar las retenciones

La Cámara de Diputados aprobó en general por 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones, el proyecto de Presupuesto 2023 que establece un gasto total de casi 29 billones de pesos, un incremento de la economia del 2 por ciento, una pauta inflacionaria del 60 por ciento, y prioriza el gasto social.

La iniciativa fue aprobada a las 5.13 con el respaldo del el Frente de Todos contó con la ayuda del interbloque Provincias Unidas, una parte de Evolución Radical, los dos miembros del bloque SER, los dos diputados socialistas de Santa Fe y cuatro legisladores de la UCR (Jorge Rizzotti, Miguel Bazze, Víctor Hugo Romero y Martín Arjol).

Tras casi quince horas de debate, el plenario legislativo comenzó el debate en particular de los 143 artículos que componen esa iniciativa.

Dos de los puntos que generaron mayor debate fueron la eliminación de la eximición del impuesto a las ganancias para la Justicia y la facultad delegada al Gobierno nacional para poder cambiar las alicuotas de retenciones agropecuarias.

A la hora de la votación en particular, el Frente de Todos no consiguió los votos necesarios y optó por retirar el artículo 95 que extendía las facultades delegadas para imponer retenciones a las exportaciones. Por su parte, la oposición logró frenar el artículo que proponía cobrar Ganancias al Poder Judicial, el cual fue rechazado por 134 votos negativos a 116 a favor. En tanto, el artículo 102, que incluía a los jubilados de este sector, también fracasó con 121 votos afirmativos, 129 negativos y 0 abstenciones. 

El proyecto estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones de pesos.

El dictamen de mayoría contiene reformas impositivas ya que se contemplan aumentos en las cuotas de obra social para las categorías más altas del Monotributo, incremento de impuestos internos y de aranceles de productos electrónicos, un impuesto sobre los pasajes y deducciones de ganancias en concepto de educación.

El proyecto contempla un acrecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2%, una inflación del 60%, un déficit del 1,9 por ciento y prevé destinar más del 70% de los recursos a gastos sociales y entre las principales concesiones que hizo el Frente de Todos para evitar el bloqueo del mismo se destacó la inclusión de una cláusula gatillo que estipula que si al 31 de agosto de 2023, la inflación acumulada supera en 10% la meta anual establecida o si los ingresos públicos superan en 10% lo presupuestado, el Ejecutivo deberá enviar “en un lapso de 30 días una ampliación del Presupuesto, no pudiendo hacerlo por decreto”.

El PRO y la Coalición Cívica no bajaron hasta que el oficialismo consiguió el número para comenzar con el debate. Los “lilitos” habían adelantado hace días que no acompañarían el Presupuesto porque sus variables macroeconómicas son “poco realistas”, porque intentaba habilitar suba de impuestos (como a los productos electrónicos de Tierra del Fuego) y porque buscaba extender las facultades delegadas para establecer retenciones, entre otros puntos.

Por su parte, el PRO también informó, ni bien comenzó el debate, que se abstendría en la votación en general. “Estamos absolutamente en contra de algunos artículos y es por ello que en la votación en particular nos opondremos a delegar en el Poder Ejecutivo el aumento de las retenciones, la creación de zonas aduaneras especiales, y en general de la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo”, detallaron a través de un comunicado.

Por otro lado, a pedido de diputados de varias provincias y por presión directa de los gobernadores del Norte Grande, el Ministerio de Economía aceptó aumentar la partida de subsidios de transportes de pasajeros del interior de $66 mil millones a $85 mil millones. Además, el articulado fue rectificado para aclarar que esa cifra será “un piso a partir del cual se revisará el funcionamiento del sistema para actualizar el importe”.

Varias provincias también plantearon reparos ante el artículo 90, que propone que CAMMESA (mayorista de energía eléctrica) se cobre las deudas de las provincias a través de descuentos automáticos de los fondos coparticipables. El oficialismo aceptó incluir un plan de regularización de deuda de hasta 96 cuotas mensuales. Sin embargo, mantuvo que las provincias son corresponsables y al término del plazo de seis meses el Gobierno podrá retener la suma adeudada, pero no de los fondos coparticipables.

Por otro lado, el Frente de Todos logró consolidar una mayoría para agregar una nueva tasa a los viajes en avión, que se cobraría tanto en vuelos domésticos como internacionales. “Créase la Tasa de Seguridad de la Aviación, correspondiente al servicio público de seguridad de la aviación contra actos de interferencia ilícita que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria”, reza el artículo 121 del texto que tratan hoy los diputados.

La norma establecerá un monto fijo que determinará el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuyo valor no podrá superar el equivalente a 0,25% del sueldo básico del grado jerárquico de Oficial Principal del Escalafón General del Personal Policial de la PSA, es decir un máximo de $250, que se calculan sobre el salario de referencia que hoy en día se ubica en torno a los 100.000 pesos.

“Crear una tasa muestra una vez más lo errático de la política aeronáutica del Gobierno. Cerraron el aeropuerto de El Palomar, sacaron el Pre Viaje y ahora perjudican al turismo con esto. Es una política errática y va a terminar todo mal”, dijo Hernán Lombardi, del PRO.

Fuente: Fuente: Agencia de Noticias NA y Medios Digitales