(UNICEF Argentina) Más de 4 millones de chicos no tuvieron garantizada la alimentación durante 2024
La pobreza y el empleo precario son factores clave que agravan la inseguridad alimentaria infantil
Una nueva investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), dependiente de la Universidad Católica Argentina (UCA), volvió a encender las alarmas: el 35,5% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) en el país atravesó situaciones de inseguridad alimentaria durante 2024, y un preocupante 16,5% lo hizo en su forma más severa. Así lo confirma el último informe titulado “Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual”, elaborado por Ianina Tuñón y Valentina González Sisto.
La problemática, que compromete no solo la salud sino también el desarrollo cognitivo y emocional de los menores, evidencia un crecimiento sostenido a lo largo de los últimos años, con picos críticos en 2018, 2020 y nuevamente en 2024.
De acuerdo al informe, aproximadamente 4,3 millones de chicos y chicas en el país enfrentan actualmente serias dificultades para acceder a una alimentación regular, segura y nutritiva. La situación se agrava en hogares con jefes o jefas desempleados o con trabajos informales, familias numerosas y hogares monoparentales.
La inseguridad alimentaria —según los estándares de la ONU— implica la imposibilidad de garantizar el acceso constante a alimentos suficientes y saludables. En Argentina, este fenómeno se relaciona de manera directa con condiciones estructurales como la pobreza, el desempleo y la precariedad laboral. Las consecuencias son profundas: desde la desnutrición infantil hasta la aparición futura de enfermedades crónicas.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ha sido históricamente el epicentro del problema. Sin embargo, hacia 2024 se observa un incremento de los niveles de inseguridad alimentaria también en el interior del país, lo que reduce la brecha regional.
El informe revela que entre 2022 y 2024, más de la mitad de los NNyA sufrió inseguridad alimentaria al menos en uno de esos años, con un 14,8% que la vivió de forma crónica. La escolaridad aparece como factor protector: los hogares donde los menores asisten regularmente a la escuela tienden a presentar mejores condiciones alimentarias.
“Los niños que viven bajo la línea de pobreza muestran los niveles más altos de inseguridad alimentaria”, concluye el documento, que destaca el impacto positivo —aunque limitado— de las políticas de transferencia de ingresos en momentos críticos. No obstante, los especialistas advierten que sin una reforma estructural del sistema de protección social, el problema persistirá.
Entre las recomendaciones, se propone fortalecer el empleo formal, garantizar el acceso universal a una educación de calidad con comedores escolares eficientes y avanzar hacia un modelo de asistencia con enfoque territorial y federal, priorizando a los sectores más expuestos.
El hambre en la infancia ya no es solo una cifra: es una emergencia nacional.
